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Declaración institucional

Declaración institucional sobre la lucha contra el fraude y la corrupción

Aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 29 de noviembre de 2021

La Universidad de Oviedo mantiene su compromiso histórico con la construcción de las ideas y los valores universales cuya defensa proclama una vez más. La Constitución, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y los Estatutos de la propia Universidad son garantes de la legalidad, la transparencia y el buen hacer académico.

La comunidad universitaria recibe con ilusión todo esfuerzo, aportación o innovación que mejore la docencia, la investigación científica y el servicio a la sociedad, objetivos principales de nuestra misión.

Asimismo, asumimos la responsabilidad de desempeñar un papel ejemplar ante la sociedad asturiana, como creadora de conocimiento, pero también de opinión, exigiéndonos mantener un alto nivel de calidad institucional junto a los deberes de ética pública y de integridad en nuestro trabajo. Aspiramos a que nuestra actividad sea percibida por todos los asturianos como contraria a todo acto de abuso de la legalidad, de malas prácticas, de conflictos de intereses y de corrupción en cualquiera de sus formas.

Todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad asumimos y compartimos este compromiso, con el objeto de orientar el comportamiento de los miembros de Comunidad Universitaria, sin excepción alguna.

La Universidad de Oviedo se dotó de un marco de integridad con la aprobación de un Código ético tanto institucional como del personal directivo, todo ello reforzado mediante la creación de un Comité de Ética para su vigilancia. También estableciendo de un canal de denuncias con un procedimiento para la comunicación y tramitación de las irregularidades detectadas.

Con la finalidad de promover la prevención, detección, corrección y persecución de los posibles incumplimientos, un paso adelante en nuestro marco de integridad requiere la elaboración, aprobación y revisión periódica de un Plan de medidas antifraude y prevención de la corrupción, como un proceso permanente al que nos obligamos.

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